Los reformistas incluidos en la lista de “renunciados” no debemos distraernos en reacción alguna hasta tanto cambien las presentes circunstancias dominadas por el  gobierno, sino prepararnos para contingencias derivables del cambio que se avecina.

La nación merece un sosiego postelectoral que no se alcanza con espectáculos conflictivos intra-partidarios, que tampoco contribuyen a la creación de condiciones políticas requeridas para encarar los enormes desafíos a afrontar.

Lo que merece la nación es responder al llamado de reconciliación emanado del presidente electo, a lo cual no contribuye la acción de marras protagonizada por el cascarón reformista.

Por aquello que las cosas se toman de quienes provienen, no puede olvidarse que esa acción contra los que apoyamos la candidatura de Hipólito Mejía  estuvo precedida del pacto con el PLD traicionando la voluntad reformista expresada orgánicamente;  de haber engañado a la ciudadanía haciéndole creer, durante todo un año, que concurriríamos con candidatura propia; y olvidando su falta de autoridad moral por haber sido apoyadores consuetudinarios de candidaturas  extrañas al reformismo cuando el PRSC presentó candidaturas.

El fallo del TSE-PRD conduce a que solo mediante un proceso disciplinario interno pudiera dictaminarse culpabilidad. Este proceso, reversible contra los acusones, generaría otro espectáculo partidario ante una sociedad pasmada por el desgarramiento político.

La “renunciadera” no sintoniza con el presidente electo, predicador insistente de la reconciliación, incluso ante su principal adversario. Mal podría concurrirse al altar de la reconciliación nacional ensañado con el prójimo partidario.  La acción de marras contraviene pues, resta credibilidad y obstaculiza la consecución de las  intenciones del Presidente electo.

La tradición evidencia, además, que las separaciones se convierten en recurso, haciendo honor a la admonición de Meriño sobre el paso de las barras y exilio al solio, siendo el actual presidente del PRSC ejemplo de ello.

Esto no significa pasividad sino emprendimiento de acciones compatibles con las exigencias de reconciliación y realidades nacionales: rechazando competir contra prevalidos y recostados de estructuras de poder agonizantes, con remotas posibilidades de prosperar satisfactoriamente.

Mientras tanto debemos prepararnos para contingencias nacionales y partidarias previsibles, provenientes del cambio de circunstancias impuestas por advenir un gobierno compelido en legitimidad e institucionalidad.

 Y mantenerse expectante sobre aspectos esenciales de su  quehacer: ¿Qué políticas públicas propiciará? ¿Requerirá nuestra colaboración? ¿Qué oposición haremos en caso contrario para plasmar la admonición del repúblico español, Manuel Azaña, postulante de “una buena oposición para un buen gobierno”? ¿Cómo quedarán los actuales protegidos del gobierno? ¿Se liberarán las altas cortes del influjo presidencial presente? ¿Qué leyes – de partidos y electoral - se aprobarán para hacer más eficaz, social o económicamente, nuestra  democracia; o habrá que recurrir a la reclamada Constituyente para ello?