La virtual  extinción del hospital psiquiátrico Padre Billini por considerarlo   fuera de época, obliga a buscar  una respuesta adecuada  al tema de la salud mental como problema social. El sector público tiene pendiente crear una red de unidades para servicios psiquiátricos a la población, un área de atención que la Seguridad Social no cubre. Queda implícito un menosprecio a las enfermedades cerebrales que afectan  a una parte de la población en diversa forma, desde lo simple a lo extremo. Para el tratamiento  de tales padecimientos deben brindarse, por región,  consultas profesionales y un adecuado suministro de medicamentos para  los padecimientos.

Los hospitales deben contar con  áreas de  internamiento para los casos en que  el tratamiento ambulatorio no resulte suficiente. Que el manicomio que conocemos  desaparezca como tal no significa que deba prescindirse   de centros  para  confinar   enfermos que por su gravedad representen   un peligro para sí mismos o  para el prójimo. Puede que se trate de individuos agresivos que deban ser neutralizados con  medicación y seguimiento profesional, privados de libertad. Algunas conductas  homicidas provienen de condiciones mentales graves, personas a las que la justicia no llega a considerar responsables de sus actos. Y contra tales conductas la sociedad debe estar protegida. Un riesgo agravado por el desamparo  familiar en que terminan  muchas personas con trastornos.

Promese como  doble ejemplo

El  Programa de Medicamentos Esenciales ha sido por años  un  excepcional  ejemplo en el ámbito de lo estatal  por la pulcritud en el manejo de recursos con apego a la adquisición de   fármacos bajo licitación y concursos transparentes, practicando el  respeto a los bienes  públicos. Para orgullo  del país, Promese acaba de ser premiado por la Organización de las Naciones Unidas por el impacto positivo en la población de su programa de “Farmacias del Pueblo”. Merecido homenaje.

El Gobierno debería sumarse al reconocimiento concentrando como manda la ley  en la gerencia de esta entidad  la adquisición masiva de fármacos, sin “desviaciones”,  para la venta a bajos precios  a personas de escasos recursos. Una parte de las compras  estatales de fármacos sigue dispersa entre organismos.  Sin la  garantía del   rigor de concursos ni de ahorros en beneficio de los contribuyentes.