El propósito de autoridades nacionales de   regularizar la presencia de extranjeros en el país   merece el respaldo de la ciudadanía. Que todo el que ingrese  llene los requisitos de ley y no porque el  macuteo  de vigilantes de frontera le haya abierto el paso. Ni porque la codicia de agentes consulares desenfrenados se haya puesto a vender visas como si se tratara de camisetas en vez  de documentos expedidos con arreglo a un estricto protocolo sobre conductas y solvencias de los peticionarios. Que no entren al país como Pedro por su casa porque el dinero vence a  venales encargados de 20 puntos de chequeo a lo largo del trayecto por  carreteras desde la frontera hasta la Capital. A eso se le llamaría rescatar la frontera. Poner fin a la honda y vieja corrupción que causó el problema.

La regularización de quienes con anterioridad al hecho de hacer respetar    los límites territoriales se instalaron aquí deberá pretenderse  con firmeza, orden e inteligencia. Flexibilizando  medidas, lo que sensatamente  ya se ha hecho  en dos casos:  a)  plazo a los empleadores locales  que necesitan  tiempo para  que   toda la mano de obra foránea cumpla con las  nuevas exigencias de documentación y b) tregua al sistema educativo para  que cada alumno obtenga algún tipo de  registro de nacimiento. Exhortamos a las autoridades a unificar criterios para documentar a los niños haitianos sin menoscabo de su dignidad  y respetando su derecho a la educación.

Investigación y garantías

El  20 de mayo,   José Ángel Gómez, director del periódico digital El Siglo 21, fue arrestado en forma  brusca,  sin la formalidad  de las actuaciones con orden judicial.  Con él  cautivo se emprendió  un extraño recorrido como si las autoridades a cargo no supieran a   dónde llevarían a este directivo  de un medio que opera     amparado por la Constitución, que había publicado  denuncias de alegada corrupción, tras lo cual comenzaron irritantes  allanamientos y la paralización temporal del digital. Finalmente fue  dejado  en libertad sin que se formularan cargos  ni se invocaran  indicios creíbles sobre  “planes” para cometer delitos electrónicos. La familia Gómez  ha seguido bajo acosos de  “inteligencia” y ahora  recibió denuncias que le merecen  crédito   sobre intenciones de atentar contra la vida de José Ángel. El Gobierno debe, prontamente, investigar el caso, establecer lo que pueda haber  de cierto y rodear de garantías a esa familia y a El Siglo 21.